Cuando en 2012 este medio iniciaba contacto con sus lectores, desde el artículo editorial aludíamos a hechos extraordinarios ocurridos durante el año anterior cuando gobernantes autoritarios vieron truncados sus sueños de enriquecimiento propio en lejanas tierras de Oriente.
Entonces la inmolación a lo bonzo del joven Mohamed Bouazizi, un desocupado de 26 años, en Sidi Bouzid desató una ola de movilizaciones de protesta. El 12 de febrero de 2011 Egipto vivía su primer día sin Hosni Mubarak tras dieciocho días de protestas que acabaron con el régimen. Oleaje que siguió arrastrando mandatarios.
Durante los seis años que nos separan de la confección de aquel texto transcurrieron innúmeros acontecimientos en San Carlos de Bariloche y el mundo. Una ínfima cantidad fue reflejada en estas páginas hasta el 3 de mayo 2017, cuando la revista digital Bariloche Semanal fue objeto de un artero sabotaje. Todas las publicaciones fueron eliminadas.
Como expresáramos desde aquel primer número, hoy reiteramos que las mordazas sólo se sostienen en bocas cerradas y espíritus adormilados.
Y reafirmamos que la libertad es valor supremo del ser humano. Por ella ha luchado desde el comienzo de los tiempos y la necesidad de expresarse es inherente a su esencia. Quien quiera arrogarse el derecho a acallar una voz deberá también pagar el costo. Cuánto más si esa voz es la de un pueblo.
El tiempo y experiencias profundizaron nuestro convencimiento de que ingentes han sido los esfuerzos de algunos gobiernos elegidos democráticamente o no, para intentar monopolizar el mensaje que llegará a oídos de los gobernados. Ha resonado la apreciación de que la democracia basa su existencia en la multiplicidad de opiniones y el necesario disenso. Pero desde escalones más altos del poder la visión parece nublarse.
Mucha agua ha corrido bajo el puente y muchos son los hechos trascendentes que marcaron rumbos. Hubo leyes aprobadas y acuerdos logrados que derribaron muros de contención para el medio ambiente. La ley de glaciares, los acuerdos internacionales para la explotación de minerales, la Ley de Minería derogatoria de aquella que prohibía la utilización de cianuro y mercurio en la actividad minera en la provincia de Río Negro. Las provincias con gobernantes “alineados” al gobierno nacional seguían y siguen sus directivas. Y los pueblos protestan rebelándose.
Si de leyes y reacciones hablamos, podríamos recordar que por ley 18.367 del 22 de setiembre de 1969 el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía dispuso la intervención de la provincia de Río Negro (entre otras). Designado interventor el general de brigada en actividad Roberto Vicente Requeijo –en esa función entre el 22 de setiembre y el 2 de diciembre de 1969-, el 3 de diciembre fue designado gobernador. En esa función designó a Robespierre Panebianco como intendente. Asunción que fue impedida por cientos de vecinos de esta ciudad que el 28 de julio de 1970 protagonizaron el llamado barilochazo.
A mediados de 2009, los ciudadanos barilochenses lograron torcer una decisión del Concejo Municipal cuando, mediante referéndum, impusieron la instalación de Wal Mart-Chango Mas, previas manifestaciones masivas en el Centro Cívico.
El 29 de diciembre de 2011 la Legislatura derogó la Ley 3981 que prohibía el uso de cianuro y mercurio para la extracción de minerales mediante la Ley 4738. Por entonces la ex concejal y entonces diputada Arabela Carreras (hoy Ministra de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia) atribuía las masivas movilizaciones al pago de cincuenta pesos por parte del legislador Claudio Lueiro. El gobernador Alberto Weretilneck acusaba a quienes se oponían a la minería bajo las condiciones que autoriza la ley vigente de querer volver a la edad de piedra. No sólo eso, puso nombre y apellido a las manifestaciones: Grupo Clarín.
Suspendido por el Concejo Municipal desde el 18 de enero de 2013, el intendente municipal Omar Goye debió abandonar su cargo tras serle revocado su mandato por voluntad popular en abril de ese año. El 4 de enero el gobernador Weretilneck y el senador Miguel Pichetto habían solicitado la renuncia de Goye desde el aeropuerto local.
Con la presidenta del Concejo Municipal María Eugenia Martini ejerciendo el cargo interinamente, y a iniciativa del Concejo Municipal, el 7 de abril de 2013 tuvo lugar el referéndum que decidió el término anticipado del mandato de Goye por un contundente 77% de votos a favor de la revocatoria.
Elecciones mediante, asumió el cargo María Eugenia Martini, cumpliendo el mandato interrumpido, hasta diciembre de 2015. Las elecciones de septiembre de ese año ya habían determinado que quien la reemplazaría sería el actual intendente municipal Gustavo Gennuso.
Actualmente la sociedad centra la mira en pormenores del acuerdo firmado por Gennuso con la empresa Capsa, concesionaria de servicios en el cerro Catedral. Acuerdo en el que el Concejo Municipal basó la elaboración de una ordenanza que prorroga la relación entre el Estado municipal y la empresa hasta 2056 esquivando un proceso licitatorio. Mientras era aprobada en primera vuelta, cientos de vecinos explicitaban su desacuerdo mediante firmas certificadas con la finalidad de forzar un referéndum apelando a la Iniciativa Popular.
Por algunas coincidencias, traemos a la memoria similar proceso iniciado en la década del ´70 cuando la comunidad de San Carlos de Bariloche apeló al Derecho de Iniciativa contemplado en la Constitución de la provincia. Fue para intentar derogar la Ordenanza 60-I-74 mediante la cual eran puestas en venta tierras “ociosas” de Villa Tacul.
El proceso, frustrado en su segunda etapa por no haber alcanzado la cantidad necesaria de firmas, fue el primero desde la sanción de la Constitución Provincial en 1958.
Hoy, amparándose en los Institutos de Democracia Semidirecta previstos en la Carta Orgánica Municipal, los ciudadanos ejercen ese derecho para intentar obligar al Concejo Municipal a tratar un proyecto de ordenanza que deroga la que acaban de aprobar por mayoría. De lograrse la cantidad de firmas requeridas, el cuerpo deberá tratarlo dentro de los treinta días corridos de presentado, cualquier modificación que altere su sentido importará su rechazo. En ese caso, dentro de los tres días hábiles el intendente municipal deberá habilitar libros de firmas. De arribarse al apoyo de al menos el diez por ciento del electorado, deberá convocar a Referéndum Popular.
Líneas atrás hablábamos de visiones opacadas por cuotas de poder. Si bien hoy y aquí no resulta imprescindible ser consumido por las llamas para hacer escuchar una voz, el abanico de posibilidades es tan amplio para quienes presionan como para quienes resisten.
Y si, el agua también pasó bajo el puente de los medios de comunicación condicionados por pautas publicitarias o titularidad propietaria. Continuaremos bregando porque el agua mantenga su transparencia.
