El martes 3 de abril de 2001 el diario “Río Negro” publicó un informe bajo el título “la pretendida venta de Villa Tacul marcó un hito histórico”. Lo tengo ante mis ojos y aún recuerdo las sensaciones que parecían transmitir los protagonistas de entonces consultados para su realización. En algún caso el orgullo por haber planteado un recurso constitucional para frenar la venta y, en otros, el arrepentimiento por haber acompañado el proyecto del intendente.
En la década del 70 la comunidad de San Carlos de Bariloche apeló al Derecho de Iniciativa contemplado en la Constitución de la provincia. Fue para intentar derogar una ordenanza mediante la cual eran puestas en venta las tierras “ociosas” de Villa Tacul.
El proceso, frustrado en su segunda etapa por no haber alcanzado la cantidad necesaria de firmas, fue el primero desde la sanción de la Constitución Provincial en 1958.
La ordenanza cuestionada era la 60-I-74 aprobada por mayoría en el CM presidido por el justicialista Jacinto Ibáñez quien, por las disposiciones vigentes en ese momento, ejercía el poder ejecutivo. Según expresaba la norma, los recursos de la venta pública de tierras fiscales serían destinados a “cubrir el déficit presupuestario” del año anterior hasta la suma de 4.838.000 pesos y el excedente, a obras públicas de infraestructura.
Luis Razza, entonces concejal por el partido Nueva Fuerza, fue quien denunció que la norma encubría una venta mediante la cual las parcelas serían repartidas entre políticos y amigos de los gobernantes de turno.
El debate posterior a la sanción de la ordenanza tomó estado público a través de las páginas del diario Río Negro. Reunidas 1792 firmas que avalaban el derecho de iniciativa, los impulsores de la derogación presentaron el proyecto a la municipalidad. Los vecinos que querían ratificarlo debían concurrir al despacho del jefe comunal, hecho que generó lógicas protestas.
Entre ellos, las del diputado Osvaldo Alvarez Guerrero quien en diálogo con Ibáñez dijo “no alcanzar a entender con precisión cuál es el sentido” de la creación de una comisión verificadora del proceso del registro de firmas integrada por el mismo Ibáñez y otros concejales. El hecho “puede crear cierta reticencia o tensión entre quienes vengan a firmar la ratificación apoyando la iniciativa”, consideró. A lo que Ibáñez respondió: “precisamente, para dar mayor garantía, quiero estar presente porque así como ustedes tienen cierta inquietud, yo tengo las mías”.
El proceso de venta siguió sin interrupciones al no poder arribar al Referéndum Popular. Finalmente la ordenanza 60 fue derogada por el interventor militar Carlos Rito Burgoa mediante ordenanza 49-I-76 el 12 de mayo de 1976. Acto seguido, dejó sin efecto la venta de 33.167 metros cuadrados ubicados en inmediaciones del hotel Amancay sobre el lago adjudicados a la Federación de Luz y Fuerza de la capital federal “al precio promocional de 100 pesos el metro cuadrado”.
Por entonces el plenario de secretarios generales y delegados de gremios reclamaba al Concejo Municipal “la anulación de la venta y de la ordenanza que la dispone. En caso contrario la CGT propicia un referéndum popular”.
En enero de 1975 los partidos locales Nueva Fuerza, UCR y Provincial Rionegrino decidieron ejercitar el derecho constitucional de Iniciativa y eventualmente el de Referéndum. En cumplimiento con lo determinado por la Ley Orgánica de Municipios pidieron la apertura del registro de electores y acompañaron el proyecto de ordenanza que derogaba la anterior. Suscribían el documento Antonio Knors (NF), Jesús Aguirre y Luis Garaycochea (UCR), Aldo Carniel y Carlos Desmul (PPR).
Cumplidos los requisitos previos y con el aval del 10% del electorado, el CM abrió el registro de firmas el 3 de febrero de 1975. El apoyo de la población no fue suficiente (debía llegar al 20% del electorado) y la ordenanza continuó vigente hasta el gobierno de facto.
Tras el fallido intento de reunir las firmas necesarias y con el cuerpo deliberante renovado, el diario Río Negro se hacía eco, el 20 de abril de 1975, de un comentario publicado en La Nación ante el hecho de que el CM “tendrá pues plena libertad para talar bosques y usufructuar el lucro que de ello resulte”.
El artículo del diario de tirada nacional concluía: “no se sabe qué lamentar más: si la frondosa fraseología con que pretende encubrirse una técnica no muy aconsejable para resolver problemas financieros –y que sienta un nefasto precedente para situaciones similares- o la indiferencia de los pobladores, que no han defendido como correspondía los bienes de la comunidad”.
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http://www.bariloche2000.com/comentarios/columnistas/39273-ahora-ila-iniciativa.html
