Iniciada pocos minutos después de las 9 y concluida a las 12.40, el jueves 22 tuvo lugar la sesión extraordinaria en la que, por mayoría, quedó aprobada en primera vuelta la ordenanza que habilita el convenio de prórroga de la concesión a Capsa en el cerro Catedral. Votaron a favor Diego Benítez, Viviana Gelain, Claudia Elizabeth Contreras, Andrés Martínez Infante, Gerardo Ávila, Julia Fernández, Cristina Painefil (JSB) y Daniel González (PRO). En contra; Ana Marks, Ramón Chiocconi y Daniel Natapof (FpV).
Con acceso restringido (presencia policial y empleados de Defensa Civil que controlaban el ingreso a la sala de sesiones), permanecieron en el recinto el intendente Gustavo Gennuso, funcionarios municipales; directivos, representantes, empleados y trabajadores vinculados a la empresa –algunos portando carteles con inscripciones adhiriendo al pacto, a la inversión, a Catedral, al proyecto-, entre otros asistentes.
Debate
El presidente del bloque JSB, Andrés Martínez Infante manifestó su “satisfacción y orgullo” por haber participado en un proyecto para arribar a la “mejor definición, el mejor resultado, lo mejor para Bariloche”. Respuestas favorables, “sobre todo referidas a cuestiones de trabajo en el cerro” llevan a la convicción de “estar detrás del mejor proyecto. Resuelve situaciones conflictivas, de una vez por todas el cerro será administrado por la Municipalidad, por los propios barilochenses, zanja un juicio. Con esta definición concluye esta discusión”, señaló.
Además de a la necesidad de una “urgente modernización”, aludió a “barajar y dar de nuevo en lo inmobiliario” ya que de las 110 hectáreas contempladas en el contrato vigente, el área fue reducida a 70 hectáreas cuya intervención deberá ser analizada oportunamente bajo Rango I que “garantiza el cumplimiento de normas específicas”. También ponderó el “vínculo público privado de espíritu asociativo”.
El análisis realizado desde el Estado y la participación de vecinos quedaron “volcados en el proyecto de ordenanza tratado. Expresamente, la protección de la cuestión ambiental en obras y servicios de la que Bariloche es abanderada”.
Consideró “conveniencia y oportunidad” ya que “la concesionaria ha cumplido con los planes plurianuales y no tiene obligaciones pendientes hasta dentro de ocho años. El cerro se nos derrite, cada vez hay menos nieve” y hace falta tratar el tema “en forma inmediata.
“Indudablemente es muy positivo y necesario. Corresponde acompañar la iniciativa nuestro intendente”. Calificó la asamblea pública de “apasionada” y dijo orar “por un Bariloche unido y feliz. A veces nos cuesta escuchar, todos queremos más unión, brego por el diálogo, escucharnos”.
Los cuestionamientos fueron planteados al departamento Ejecutivo y a la empresa que dieron conformidad a destinar un 15% (del canon a percibir por la Municipalidad) a barrios de Pampa de Huenuleo, pases gratuitos durante la última semana de inviernos y veranos y privilegiar mano de obra local “con obligación de informar y avenirse a controles de cumplimiento de esa obligación”.
Gelain detalló parte del contenido del Anexo de la ordenanza (plan de obras, inversiones, modernización de servicios) destacando la “ampliación de la superficie esquiable, mejoras en la conexión entre estaciones e infraestructura. Todas las mejoras requieren de un proyecto ejecutivo de cada obra”. El reservorio de agua permitirá “a todos llegar a la base esquiando”.
Ávila centró la primera de sus exposiciones en el “cuidado y desarrollo sustentable del uso de la montaña”. Las condiciones para cada proyecto quedan claras en el reformulado, incluso “cualquier tipo de asentamiento” que requerirá tratamiento bajo Rango I, reiteró.
Chiocconi reflejó la imagen simultánea a metros del recinto, “una cuadra y media de vecinos esperando para firmar” un proyecto en contra de la ordenanza que decidiría “a 38 años en adelante, diez intendentes subordinados a lo decidido hoy”, desestimando además la “suficiente legitimidad” de actuales autoridades a las que resta un “mandato de un año y medio”.
La Carta Orgánica Municipal “propende a la participación popular”. Si bien la Constitución Nacional determina que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, “la democracia maduró, hay más posibilidades. Este gobierno municipal no favorece la participación ciudadana. Para la audiencia pública histórica no hubo muy buena predisposición para comodidad ni estaba previsto un cuarto intermedio; si hubo un cambio, fue por reclamos de vecinos” que en sus exposiciones demostraron “enorme capacidad y dignidad”.
Lamentó que al día siguiente el intendente dijera que “algunos lo hicieron con odio y que la decisión ya estaba tomada”, expresiones “que no suman al debate. No entiendo tanto apuro y poco tratamiento” a este proyecto, evaluó.
Respondiendo al concejal Martínez Infante definió que “el municipio no administra el cerro, lo hace Capsa. Sólo controla el contrato concesión”. Presentada la moción de que el proyecto 774 “vuelva a comisión” y reúna “participación real de la ciudadanía”, fue rechazada. “Esta es la participación” expresó el edil.
Por su parte Fernández dejó asentado que “nuestro bloque no comparte (la consideración) de versión exprés. Más allá de que técnicamente representa una mejora y trabajo genuino para la ciudad”, es apoyar una gran inversión.
Natapof creyó necesario “aclarar que nadie se opone a la modernización del cerro” sino a que “una familia empresaria se quede con un negocio de 100 millones de dólares, a la entrega de tierras sin saber cuál es el beneficio económico. El poder concedente ya es nuestro, lo que necesitamos reivindicar es que el Ejecutivo no va a negociar a un precio vil”. La “actitud de Capsa” queda demostrada con “el no reconocimiento” del poder concedente de la Municipalidad y la de “la contraparte, a premiar con 30 años sin licitación. Por qué, no sabemos”. Desde la empresa, “su intención llega en este momento político, una carta en la manga para extorsionar”. No avalará, dijo, “un proyecto ruinoso para el municipio”.
La Iniciativa Privada presentada por Capsa a la Comisión Evaluadora “inició el proceso de extorsión a la jefatura de gabinete para aceptar, en lugar de decir por qué nos presentan la propuesta si no reconocen el poder concedente. Un negocio genial de 154 millones con inmenso rechazo de la población. En noviembre fue la firma del acta en secreto; el anuncio, en diciembre; en enero, receso, y un mes para tratar 38 años.
“Propusimos que tres expertos neutrales revisaran el contrato, cuál es el miedo o temor a escuchar voces no comprometidas con los intereses de la empresa”, preguntó. Señaló además haber escuchado hablar de “competencia desleal y descalificaciones” hacia la empresa por parte de personas que “sorpresivamente han cambiado de opinión” y presenciado “un proceso gigantesco de acciones de lobby, como algunos abogados buscando a concejales para hablar sobre las bondades” del acuerdo, o “cuantiosos pesos en medios” de comunicación. En ANB “propiedad de Capsa, leo un ejemplo de intento de manipulación de la opinión pública”: el apoyo adjudicado al Centro Regional Universitario Bariloche mediante una gacetilla que mereció una desmentida.
“Al menos buena parte” de las 70 hectáreas susceptibles de desarrollos inmobiliarios “son increíblemente más valiosas” que las originales 116. “Algunos dicen que el cerro ya está entropizado” para avalar mayor urbanización, mientras un informe del Servicio Geológico Minero Argentino “nos dice que Catedral no es apto” para ello y recomienda “hacer un estudio de impacto ambiental y estabilización de pendientes”.
En cuanto a Parques Nacionales, “ha hecho un renunciamiento histórico” al desentenderse de su poder de control al adjudicárselo, mediante nota, a la Municipalidad exclusivamente. “Quiero decirles que estamos solos porque si Parques convocara técnicos reales, no podrían firmar cualquier cosa”.
Consultado el organismo competente para opinar respecto al proyectado reservorio de agua para fabricación de nieve, “Aguas informó que está contemplado un estudio por parte de una consultora más adelante” mientras que desde el Consejo de Planeamiento Estratégico continúan pendientes estudios relacionados con “un alud vinculado a la traza de caminos y desborde de cursos agua (a entubamientos). Estamos sin estudios, confiando muestras a una empresa, lo que no nos deja tranquilos.
“Si hoy hay maltrato y vuelcos de líquidos cloacales, qué sucederá con una mega urbanización”. La Carta Orgánica establece “la inalienabilidad de tierras. Los esquiadores quedarían encapsulados, qué pasará con empresas y empleo locales. La guita quedaría en un gueto chiquito así”, consideró.
¿Es un pecado tener determinada procedencia política?, inquirió tras señalar el “tratamiento peyorativo” otorgado a oradores de la Audiencia Pública. “Tal vez el origen no político del partido del gobierno lo lleva a ésto. Estas acusaciones están inscriptas en el marco de la coacción, un lobby inédito en la historia de la ciudad” que involucra al presidente Mauricio Macri, “al concejal González, y sabemos del apoyo del gobernador (Alberto) Weretilneck que viaja en aviones de Capsa, sabemos quién es dueño de la terminal de Cipolletti”. Existe, dijo, “una vinculación con servicios negados al desarrollo urbanístico en el cerro San Martín propuesto por (Jorge) Caputo” que mereciera el rechazo de vecinos de Villa Los Coihues en 2011.
Este es un “proyecto plagado de irregularidades, de espaldas al pueblo. Es negativo, perjudicial, en desmedro del empresariado local. Con el gobierno local sometido a los dictámenes de Macri y Weretilneck” que “no pueden tapar opiniones. Aunque lo nieguen, el pueblo de Bariloche será escuchado”, sostuvo.
Para Marks el tratamiento otorgado a este proyecto “degrada” la institucionalidad. Con el futuro de Bariloche y Catedral hasta 2056 en juego, “responsabilizo” a concejales oficialistas “por el modo” de abordarlo, “permanente incumplimiento del reglamento, convocatoria irregular y falta de análisis de información sustancial”, enumeró.
Un día antes de la sesión “fue presentada por primera vez la totalidad del estado contable de la empresa, documento clave para ser analizado en comisión porque de ello surge la readecuación del canon”. Aludió además al “estado concursal de la empresa desde 2004. Es esencial ya que podría llevar a la recesión” de la concesión, dijo.
Son, reiteró, “cuestiones que degradan las instituciones. Notas que se pierden entre comisiones, poca participación, puertas cerradas no son formas de sesionar” además de violar una de las disposiciones transitorias de la Carta Orgánica Municipal. “Es un día tristísimo, más allá de la satisfacción de Martínez Infante”.
“Avergüenza (que) políticas e instituciones (estén) al servicio de una empresa”, consideró relacionando la situación con el gobierno nacional. “No es la primera vez que asistimos a entrega por inversiones, ya lo fueron el estacionamiento en la costanera y el convenio lapidario con Flybondi. Hoy quizá sea la peor de las entregas, comprometer el futuro de Bariloche hasta 2056”.
En cuanto a indefiniciones sobre el poder concedente, la justicia “sigue cursos procesales. Hay un fallo que fue apelado. Por qué una definición a las apuradas” sin aguardar una decisión, preguntó.
Entre otros aspectos destacó que “el Estado estará obligado a financiar obras para servicios, no es posible aceptarlo con barrios con necesidades insatisfechas” y que según el pliego de licitación de 1992 la empresa concesionaria “asumió el compromiso de contar con medios (de elevación) de excelencia” e incumplir podría resultar en recesión del contrato.
El Estado no cuenta con “suficientes garantías”, existe “laxitud” en las condiciones, como “la readecuación del canon dentro de 18 años”. Los fondos destinados a los barrios de Pampa de Huenuleo representarían “unos 1100 pesos por mes a cada uno, ¿a qué soluciones estructurales podría arribarse? Es una falta de respeto, una burla a la ciudadanía. Ayer recibimos una nota de barrios que piden subir el porcentaje al 30% (en lugar del 15 otorgado). Estamos discutiendo beneficios para una empresa privada”, consideró, manifestándose en contra de una “estafa”.
Natapof aludió a la posibilidad de que “tal vez no previeron la participación popular”, la lectura que el pueblo hizo del tema y “la dimensión del interés público” mientras que Chiocconi apreció que “cobra fuerza la teoría neoliberal del derrame” que relacionó con “comer migas. En esta situación el municipio está comiendo migas. Defender al Estado es defender oportunidades para todos”.
González aludió a su condición de ex secretario municipal de Turismo y su oposición a la propuesta realizada por la empresa en 2016 mediante Iniciativa Privada y que fuera analizada por una comisión evaluadora porque “no contemplaba un análisis concreto del proyecto a futuro”.
Este año el proyecto de ordenanza 774 ingresa al Concejo, “lugar natural” para su análisis, fue convocada la audiencia pública y respondidas las consideraciones de los oradores desde “una mirada en la modernización del cerro”.
El poder concedente “no está en manos de nuestra ciudad”, hecho que “traba (arribar) al cerro de excelencia que todos queremos”. Abogó por “poder separar los filtros ideológicos a la hora de discutir” y tomar “la mejor decisión posible para mi ciudad, desde el Estado para el bien común. Quisiera que (la ordenanza) saliera por unanimidad” porque si prospera, la municipalidad tendrá “pleno manejo del recurso turístico”.
Contreras rechazó “en un todo aseveraciones muy terribles” de concejales del FpV. “Estafa, dádivas, burlas. Es difícil trabajar (cuando priman) egoísmos partidarios”. Aludiendo a publicaciones que insinúan relación entre decisiones y tarjetas Banelco recurrió al dicho el ladrón cree que todos son de su condición, y afirmó “no digo que lo sean, pero desde el minuto cero lo primero que se dijo fue que el proyecto sería tratado entre gallos y media noche”. Creyendo en escribir las normas de la mejor manera, consideró que otros “se creen sus propias mentiras. Ellos creen eso y nosotros creemos otra cosa. De verdad, lo mejor para la ciudad”.
El tratamiento en comisión tripartita “fue aprobado por unanimidad. No cumplir con acuerdos de palabra no va con (una buena) manera de actuar. La política puede ser distinta, es fundamental dejar los egoísmos políticos partidarios de lado, agregó.
“La Justicia me dice que el cerro Catedral no es mío. No es lo mismo que pueda funcionar o que una empresa sea competente. No veo empresas haciendo fila pidiendo la licitación. El trabajo es fundamental, no una migaja, para el trabajador es fundamental”, añadió.
“Yo soy Estado y el Estado” determina qué quiere “para el cerro. De ahí en más, el análisis. A veces la decisión es difícil, el intendente ha considerado que es lo mejor y vamos a acompañarla”.
Natapof relacionó la “oposición desde el inicio” al proyecto “por mal hecho, deficiente y defectuoso”. Respecto al “dicho que mencionó, lo considero falta de oportunidad y decoro, tratando de desviar el debate señalando personas. Lo mismo padecimos nosotros. El peligro es que utiliza eso para desviarse de si el proyecto es conveniente o no para Bariloche”. En la Audiencia Pública quedó planteado que no están dadas las condiciones y la necesidad de una licitación pública, ¿quién dijo que no hay interesados?”.
No es cierto “que el cerro va a cerrar, no asustemos a la gente. Esto se defiende en Buenos Aires en conexión con Viedma” con pretensión de que “Bariloche acate dócilmente los dictados de la elite, de la cúpula del país”.
Para Ávila “los primeros en deslegitimizar este cuerpo” fueron quienes acusaron a todos de “corruptos y coimeros”. Lejos de ello, trabajaron “en función del mejor proyecto. Tan antidemocráticos somos que (introdujeron) cambios (propuestos) por los vecinos”, ejemplificó.
Creyendo tomar la mejor decisión para la comunidad, aseveró que “el momento es ahora” y el futuro “nos juzgará en función de los resultados, no de especulaciones”.
Chioconi consideró obvio que “no haya interesados en participar de una licitación cuando restan ocho años” para que concluya la relación con Capsa. “Es sentido común”.
En cuanto a la reserva de agua para nieve artificial, “no hay un estudio de Aguas, podría provenir de dos arroyos de la ladera sur del cerro.
“Está bien en el discurso, pero la vara del tiempo no la tienen ustedes ni nosotros. No me asusta una opinión plena de ideología, el que dice no tenerla tendrá algo que esconder”.
Marks aclaró a Contreras que “bajo ningún punto de vista” considera “el trabajo como migaja. Sí nos parece que el fallo de la justicia” no determina qué empresa puede invertir. “Por eso la licitación pública”.
Negando el carácter de “negocio ruinoso” adjudicado al acuerdo, Martínez Infante ratificó su posición de que la continuidad de la relación contractual incluye mejores condiciones desde el Estado manifestando su “total convicción de que la necesidad de modernización de nuestro Catedral es inmediata, fiscalizada por el Estado (en un rol) más protagónico. Es muy superadora, apoyo totalmente la iniciativa de nuestro intendente municipal”.
Marks insistió en la escasa información sobre “riesgo crediticio” afrontado por la empresa mientras que Chiocconi destacó la “poca claridad” de los alcances del proyecto ejemplificada en “estar hablando del desarrollo urbano en lugar de la concesión”.
Tras la votación de 8 concejales a favor del proyecto de ordenanza y 3 en contra, la sesión concluyó a las 12.40. Por requerir segunda vuelta, el Concejo Municipal convocará a una nueva sesión “en un plazo no menor de quince días corridos, en el que se debe dar amplia difusión al proyecto. Se requiere para la primera lectura la mitad más uno de los votos emitidos y para la segunda lectura el voto de los dos tercios (2/3) de los miembros del Cuerpo”, establece la Carta Orgánica Municipal.
