Mientras en la sala de sesiones los concejales aprobaban por mayoría y en primera vuelta la ordenanza que autoriza la prórroga de concesión de servicios en el cerro Catedral hasta 2056, cientos de vecinos adherían con firma certificada al propósito de arribar a un Referéndum a través del procedimiento de Iniciativa Popular. Ambas escenas simultáneas el jueves 22 de marzo. Con origen en el acta acuerdo firmada por el intendente municipal Gustavo Gennuso y representantes de la empresa concesionaria Capsa y posterior Audiencia Pública.
Con record de inscriptos (124), durante el lunes 12 y el martes 13, 94 oradores expusieron puntos de vista divergentes durante unas trece horas. La mayoría, en desacuerdo con la intención de extender el plazo de concesión sin licitación previa y dejar abierta la puerta a un futuro desarrollo inmobiliario en áreas determinadas del cerro.
Esbozado durante la primera jornada, el requerimiento de acudir a un referéndum adquirió fuerza durante la segunda ronda de expositores Posteriores declaraciones públicas del intendente municipal y concejales desestimaron una convocatoria ciudadana, aunque la Carta Orgánica Municipal confiere esa facultad también a la iniciativa de los ciudadanos. Incluso para la derogación de ordenanzas.
El acta acuerdo firmada en noviembre por el intendente municipal con la empresa Catedral Alta Patagonia extiende la concesión del cerro Catedral por 30 años más a partir del vencimiento del contrato en curso -hasta 2056-. Prevé una inversión de veintidós millones de dólares en medios de elevación, provisión de nieve artificial (con reservas de 110.000 centímetros cúbicos de agua provenientes de caudales naturales) y un desarrollo inmobiliario en sociedad con la Municipalidad.
Sin oposición a las inversiones por ser consideradas atinentes a la actividad comercial; durante la audiencia pública las objeciones, con profundidad variable de argumentos, estuvieron orientadas al riesgo ambiental, ilegalidad del acuerdo fundada en falencias y en el aparentemente inexistente beneficio para la Municipalidad. También expusieron representantes de clubes de montaña y escuelas de esquí, de sindicatos, cámaras empresariales, clubes y juntas vecinales que apoyaron la propuesta respaldando la necesidad de inversión, de generación de nieve y de modernización del cerro.
La empresa concesionaria es propiedad de la familia Trappa, titular además de Vía Bariloche (transporte) y ANB (agencia de noticias local cuyos periodistas perciben salarios inscriptos como empleados de comercio).
Previo a la sesión del Concejo donde fue tratado el proyecto, alguna información sobre avances en el texto de la norma provino del área de Prensa de la Municipalidad cuando usualmente son remitidos desde el Concejo. Uno de aquellos comunicados mereció una desmentida de la Universidad Nacional del Comahue.
Fechado el 22 de marzo expresa que, en sesión ordinaria, el Consejo Directivo del Centro Regional Universitario Bariloche resolvió pronunciarse públicamente sobre el Proyecto de readecuación contractual de la concesión Cerro Catedral. Con aprobación unánime, manifiesta su “preocupación por la urgencia con la que se está realizando el tratamiento del proyecto, restando aún 8 años para el vencimiento de la actual concesión a la empresa CAPSA” agregando que “por las características de la iniciativa, resulta indispensable la realización de una Auditoria Técnica de carácter Ambiental del Proyecto Global previa a su aprobación”.
Apunta también a “la necesidad de dar cumplimiento a la legislación vigente que claramente establece la obligatoriedad de realizar una licitación pública para este emprendimiento”.
Asimismo, “deja expresa constancia de la inexistencia de convenio alguno con la empresa CAPSA tal como fue presentado en la Audiencia Pública. Por último, expresamos nuestro malestar por la incorrecta interpretación, por parte de la Dirección General de Comunicación de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche de la información contenida en la nota presentada a las Comisiones de Economía, Turismo, Gobierno y Legales del Concejo Deliberante, desmentida mediante el Comunicado de Prensa emitido por el Decano y el Equipo de Gestión”.
Alude al texto en el que el decano, Víctor Baez, descarta que los titulares (reproducidos también por el medio de comunicación digital ANB) reflejen el contenido de la nota remitida a los presidentes de las comisiones del Concejo, ya que “la misma se refería exclusivamente a la propuesta incluida en la Ordenanza relacionada con los pases de esquí para actividades académicas.
“Desde ningún punto de vista el Centro Regional Universitario Bariloche se ha expresado sobre los restantes aspectos que contiene el proyecto en tratamiento y por lo tanto es necesario desmentir titulares tales como “La Universidad del Comahue apoyó el Proyecto de CAPSA para el Cerro” o “El CRUB avaló la propuesta de reforma contractual por el cerro Catedral”.
La institución, concluye, “manifiesta permanentemente su compromiso con todos los temas que forman parte de los intereses de la comunidad de San Carlos de Bariloche, participando y dando los debates necesarios. Nos preocupa que la figura de la Universidad sea utilizada para intereses privados y apelamos a la ética de quienes tienen la responsabilidad de comunicar”.
Incorporaciones
El tratamiento del proyecto de Ordenanza 774-18 “Se aprueba readecuación contractual concesión cerro Catedral-poder concedente” en el Concejo concluyó el miércoles 21 tras la reunión conjunta de comisiones de Economía, Turismo y Gobierno. El mismo día a las 15.20 fue anunciada la convocatoria a sesión extraordinaria para el jueves 22 a las 9.
Desde el bloque de concejales afines al Ejecutivo fue anunciada la incorporación de un artículo que alude a que el proceso de modernización del cerro priorice la contratación de mano de obra local y que un 15% del canon sea destinado a obras y servicios en sectores postergados de la ciudad. Además de la obligatoriedad de revisión del canon en simultáneo con los planes a presentar cada diez años, que cualquier acción urbanística debe cumplir tratamiento bajo Rango I (audiencia pública, intervención de la Unidad de Planeamiento Estratégico, estudio de impacto ambiental y presentación de proyecto de ordenanza).
Para ellos la carencia de escritura que certifique el traspaso de tierras de la provincia al municipio (mencionada por al menos dos participantes de la audiencia pública) no constituye obstáculo para la firma del convenio con la que quedarán saldados desacuerdos en cuanto al poder concedente.
Fundada en el acta acuerdo firmada por el intendente municipal y responsables de la empresa, la ordenanza redundaría en que Capsa desistiera de la demanda judicial contra el municipio, entablada a raíz de que desconoce su poder concedente y de que considera nula el acta de transferencia; y en que la Municipalidad deje sin efecto sanciones aplicadas (multas por incumplimientos) mediante expedientes administrativos recurridos por Capsa y en trámite ante el Ejecutivo.
En fallo de noviembre del año pasado la Cámara de Apelaciones de Viedma dictaminó que la transferencia del contrato de concesión del cerro Catedral (de la provincia a la Municipalidad) requiere de “la conformidad de Capsa”.
Basándose en ello, el Ejecutivo municipal consideró “fundamental el acuerdo” para evitar “prorrogar la incertidumbre sobre el poder concedente” agregando la urgencia de dirimirlo “en lo inmediato”.
Mientras los ediles discutían los términos de la norma de cuya confección participó activamente la empresa –según se desprende de declaraciones realizadas por su gerenta general Helga Slavatelli-, vecinos reunidos en torno al grupo “Por un cerro Catedral para todo Bariloche” propiciaba la reunión de la cantidad de firmas certificadas necesaria para arribar a un referéndum. Si bien no habían sido contabilizadas con exactitud, hasta el martes sumaban unas dos mil.
Convocan a acudir con documento nacional de identidad al Juzgado de Paz -Elordi 642- durante días hábiles en horario de 7.30 a 13.30, la Junta Electoral Municipal -Moreno y Ruiz Moreno, planta baja- entre las 8 y las 13, y la escribanía de Vicealmirante O´Connor 665, primer piso D, de 9 a 13 y 18 a 20.
Durante una conferencia de prensa Tomás Guevara, Guadalupe García de la Vega y Leonardo Mársico informaron que basan el impulso de una Iniciativa Popular en “la prohibición de entrega de tierras del cerro y la previsión de prórroga (de concesión) sin licitación a la empresa Capsa.
“Entendemos que lo que pasó en la audiencia pública fue muy importante por la participación ciudadana y que hubo un ninguneo, un desconocimiento del rechazo expresado en esa oportunidad. Nos pareció que la herramienta que teníamos entonces era ésta, plantear lo que queremos: un cerro para todos, que se abra un proceso licitatorio transparente y participativo como el que estamos demandando”.
Para iniciar el proceso son necesarias “alrededor de tres mil firmas” a las que deberán “sumarse unas siete mil más” para arribar a un referéndum. “Creemos que la sociedad de Bariloche se va a parar frente a este atropello del Ejecutivo”, señalaron.
Definidos como “autoconvocados, vecinos e integrantes de organizaciones sociales, gremiales, políticas y ambientales, lo que nos reúne es la necesidad de plantear una forma de discusión diferente que dé participación a todos los actores y en función del bienestar del pueblo, no de intereses de un actor político o económico determinado”, dijeron.
Como lo que plantean es presentar “una norma de orden público con mayor importancia que cualquier acuerdo que pueda generarse” no tienen definido un lapso determinado. “Apostamos a que con la movilización juntemos firmas rápido. De hecho, parte del proyecto (apunta a) derogar la norma que vaya en contra de esta iniciativa”. Confían además en que “cuando se vea el movimiento, los concejales recapaciten. Estamos un poco cansados de que nos vengan a chicanear con que esto es meramente política partidaria, como bajándole el precio, cuando venimos preocupados por defender derechos de todos los vecinos, de los ciudadanos.
Básicamente, aceptar o no la norma que proponemos: no a la entrega de tierras y apertura de proceso de licitación, no contratación directa” y derogación de cualquier otra norma que contradiga esas especificaciones. “Estamos a favor de la modernización y con un buen servicio, pero no ligado a entrega de tierras”, apuntaron.
Tras su aprobación en primera vuelta el jueves 22, el Concejo Municipal convocará a una nueva sesión “en un plazo no menor de quince días corridos” para una segunda lectura requiriéndose el voto de los dos tercios (2/3) de sus miembros, establece la Carta Orgánica Municipal.
